En defensa de los derechos de la ciudadanía, el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano presentó un punto de acuerdo para exhortar a los 46 municipios de Guanajuato a analizar los efectos económicos que tendría un incremento en las tarifas del transporte público. La iniciativa pide priorizar la economía de los usuarios y garantizar un enfoque integral que respete sus derechos.

La propuesta, encabezada por el diputado Rodrigo González Zaragoza, también exige que los municipios informen en un plazo máximo de 90 días sobre los avances en la adecuación de reglamentos y disposiciones relacionadas con la reciente reforma a la Ley de Movilidad del Estado.

Al tomar la palabra, González Zaragoza expresó su preocupación por las decisiones de las comisiones mixtas tarifarias, que en varios municipios ya han aprobado aumentos. Señaló que estas decisiones carecen de transparencia y perjudican a las personas más vulnerables, contradiciendo principios básicos de equidad y justicia social.

“Es inaceptable que se prioricen intereses ajenos a las necesidades de la ciudadanía. Garantizar un transporte público digno y accesible no es una opción, es una obligación establecida por nuestras leyes”, afirmó el legislador.

El diputado detalló que el sistema de transporte público en Guanajuato enfrenta serias deficiencias, como unidades en mal estado, tiempos de espera excesivos, conductores poco capacitados, saturación y falta de accesibilidad para personas con discapacidad. “No se puede justificar un incremento tarifario cuando el servicio no cumple con los estándares mínimos de calidad”, subrayó.

Además, González Zaragoza criticó que los aumentos aprobados no solo agravan la desigualdad económica, sino que también contravienen disposiciones constitucionales y convencionales que buscan proteger los derechos humanos.

Finalmente, destacó la urgencia de abordar la problemática desde una perspectiva integral, que contemple mejoras reales en el servicio y un análisis exhaustivo de los impactos económicos sobre la población.

La propuesta fue turnada a la Comisión de Asuntos Municipales para su análisis y dictamen, marcando un llamado a los municipios para actuar con responsabilidad y priorizar el bienestar de sus habitantes.