El pasado 4 de agosto de 2025, la Presidenta Claudia Sheinbaum emitió un decreto para crear la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, una instancia encargada de convocar a la ciudadanía a expresarse y elaborar propuestas sobre el sistema electoral mexicano. La comisión, de carácter transitorio y vigente hasta 2030, dependerá directamente del Poder Ejecutivo y estará integrada por dependencias clave del gobierno federal, incluyendo la Secretaría de Gobernación, la Consejería Jurídica y la Oficina de la Presidencia.

A primera vista, esta iniciativa parece responder a un llamado legítimo por actualizar las normas electorales del país, adaptándolas al contexto político y social actual. Sin embargo, no podemos ignorar los riesgos democráticos que plantea cuando se observa el entorno en el que surge: un gobierno que, bajo la bandera de la Cuarta Transformación, concentra el control del Poder Ejecutivo, tiene mayoría en ambas cámaras y recientemente ha impulsado reformas estructurales al Poder Judicial también en favor del oficialismo.

¿Qué se propone?

El decreto sostiene que el sistema electoral actual es inercial y poco congruente con la realidad política del país. Se plantea, en cambio, abrir un espacio para la reflexión nacional sobre temas como representación ciudadana, métodos de votación, régimen de partidos y organización de autoridades electorales. La Comisión, además, podrá invitar a miembros de la academia, sociedad civil y otros órdenes de gobierno, aunque sólo con voz, no con voto.

Los Pros

  • Participación ciudadana: El decreto reconoce la importancia de que el pueblo participe activamente en el rediseño del sistema político.
  • Modernización institucional: Un rediseño electoral puede ser benéfico si responde a una realidad social más plural, tecnológica y participativa.
  • Debate público: Se enfatiza que la discusión no es tarea exclusiva de políticos, sino de toda la sociedad.

Los Contras

  • Concentración de poder: El hecho de que la Comisión dependa directamente del Ejecutivo y esté compuesta exclusivamente por órganos del mismo poder puede sesgar sus propuestas y limitar la pluralidad.
  • Debilitamiento institucional: Si se busca reformar al Instituto Nacional Electoral (INE) o al Tribunal Electoral desde una posición de mayoría absoluta, sin contrapesos, se corre el riesgo de debilitar órganos autónomos fundamentales para la democracia.
  • Riesgo para las minorías: Aunque se menciona el respeto a la libre decisión ciudadana, un diseño institucional sin equilibrios reales puede perpetuar el poder de las mayorías y limitar la alternancia.

¿Qué sigue?

La Comisión deberá instalarse en los próximos días y empezará su trabajo rumbo a una reforma que podría cambiar profundamente las reglas del juego democrático en México. La ciudadanía, organizaciones sociales y medios de comunicación debemos mantenernos vigilantes, informados y activos en el debate. La democracia no se fortalece con decretos unilaterales, sino con procesos abiertos, incluyentes y transparentes.

Más que nunca, México necesita reformas que sumen, no que excluyan. Que modernicen, pero no polaricen. Que fortalezcan la institucionalidad, no que la diluyan.