Ciudad de México. El gobierno federal anunció la detención de 14 personas vinculadas a una de las redes de contrabando de combustibles más grandes detectadas en los últimos años. Entre los arrestados figuran seis marinos —cinco en activo y uno retirado—, tres empresarios y cinco exfuncionarios de aduanas, acusados de participar en el llamado huachicol fiscal, esquema que permite introducir hidrocarburos al país sin el pago de impuestos correspondientes.
El golpe judicial cimbró al aparato de seguridad nacional, ya que el principal implicado es el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, un alto mando naval que en meses recientes sonaba como posible sucesor en la Secretaría de Marina. Su arresto se suma a una investigación que desde marzo pasado puso bajo la lupa la corrupción en puertos estratégicos como Tampico, Altamira y Ensenada.
El caso se destapó tras el decomiso de un buque con 10 millones de litros de diésel en Tampico, Tamaulipas, lo que derivó en nuevas pesquisas que revelaron la existencia de una red estructurada con nepotismo, sobornos y documentación falsificada. Posteriormente, fueron incautados otros 8 millones de litros en Ensenada, Baja California, y varios cargamentos más en Altamira.
Las autoridades estiman que solo con estas operaciones el fraude fiscal asciende a 97 millones de pesos, aunque el impacto anual del huachicol fiscal sobre la hacienda pública alcanzaría hasta 177 mil millones de pesos, según cálculos de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
De acuerdo con la investigación, la estructura criminal funcionaba con una mezcla de empresarios importadores, funcionarios aduanales y mandos navales que utilizaban sus cargos para abrir paso al combustible ilegal. Las facturas y documentos de importación eran manipulados para aparentar legalidad, mientras que en puertos estratégicos se garantizaba el acceso a las embarcaciones cargadas.
“El caso demuestra cómo el crimen organizado se infiltra en las instituciones, pero también la capacidad del Estado para responder con fuerza”, declaró Omar García Harfuch, secretario de Seguridad federal.
El arresto de Farías Laguna golpeó con fuerza la imagen de la Secretaría de Marina, históricamente reconocida como una de las instituciones más sólidas y menos permeadas por la corrupción. Expertos advierten que el caso exhibe los riesgos de la estructura vertical militar, donde la corrupción en un alto mando puede arrastrar a subalternos y facilitar la protección de redes ilícitas.
Desde la Presidencia se aclaró que el exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, no está involucrado en los hechos y que la investigación se centra en mandos intermedios y empresarios ligados a la importación ilegal de hidrocarburos.
El caso Farías Laguna se enmarca en un esfuerzo más amplio contra el huachicol. Tan solo en Tamaulipas, la llamada Operación Frontera Norte permitió decomisar 15 millones de litros de combustible y detener a 19 personas entre febrero y agosto de este año, lo que confirma la magnitud del problema en esa zona del país.
El huachicol fiscal se ha convertido en uno de los negocios ilícitos más rentables, incluso por encima del robo de combustible a ductos de Pemex. A diferencia del huachicol tradicional, este esquema opera bajo apariencia legal, utilizando empresas fachada y redes de complicidad institucional para evadir impuestos y mover cargamentos millonarios.
La detención del vicealmirante Farías Laguna y sus presuntos cómplices marca un hito en la estrategia federal contra el contrabando, pero también deja en evidencia la magnitud del reto: frenar un mercado negro que genera pérdidas multimillonarias y exhibe la fragilidad de las instituciones encargadas de proteger los puertos y aduanas del país.
