La Suprema Corte frena el uso de vehículos blindados adquiridos para ministras y ministros

Ciudad de México. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió no utilizar y devolver camionetas de lujo blindadas que fueron adquiridas recientemente para ministras y ministros, luego de la controversia pública generada por el alto costo de las unidades y los cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos.

De acuerdo con información oficial, el máximo tribunal compró nueve camionetas Jeep Cherokee blindadas, una por cada ministro, como parte de un proceso de renovación del parque vehicular institucional, bajo el argumento de reforzar las condiciones de seguridad, ya que los vehículos anteriores ya no cumplían con los estándares necesarios.

Costo y críticas por la adquisición

El costo de las unidades osciló entre 1.07 y 1.78 millones de pesos por vehículo, cifra que generó críticas en distintos sectores políticos y sociales, al considerarse un gasto elevado en un contexto de llamados a la austeridad y uso responsable del presupuesto público.

Tras la reacción negativa, la SCJN informó que las ministras y ministros optaron por no hacer uso de las camionetas y se iniciará el proceso administrativo para su devolución. En caso de que no sea posible regresar las unidades al proveedor, estas podrían ser reasignadas a jueces o magistrados que enfrenten mayores riesgos en el ejercicio de sus funciones, conforme a la normatividad vigente.

Postura de la Suprema Corte

A través de un posicionamiento público, la Suprema Corte señaló que la decisión busca evitar interpretaciones de privilegios y refrendar su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y el uso eficiente de los recursos del Estado.

La compra de las camionetas también generó debate político, con posturas encontradas entre quienes defendieron la adquisición por razones de seguridad y quienes señalaron que este tipo de gastos afecta la percepción ciudadana sobre las instituciones públicas.

Contexto del debate

El caso se suma a una serie de discusiones recientes sobre los gastos en el Poder Judicial, en un escenario nacional donde la austeridad y la vigilancia del uso de recursos públicos se han convertido en temas centrales del debate público.