Guanajuato. El Congreso del Estado aprobó por mayoría de votos reformas al Código Penal estatal para la creación del Registro Público de Personas Agresoras Sexuales, una herramienta que busca fortalecer la prevención de delitos y proteger a las víctimas, especialmente a niñas, niños y adolescentes.
La reforma establece que la inscripción en este padrón será obligatoria para las personas con sentencia firme por delitos como feminicidio, trata de menores, abuso sexual infantil, acoso y hostigamiento sexual contra menores, explotación sexual y corrupción de menores, entre otros.
Además, se precisa que la reparación del daño moral no exime a los sentenciados de ser incluidos en el registro. La inscripción se realizará una vez que la sentencia quede firme y permanecerá vigente durante el tiempo que dure la pena de prisión, extendiéndose hasta 10 años después de que la persona recupere su libertad, incluso en casos de sustitución o suspensión de la pena.
De acuerdo con la reforma, será la Fiscalía General del Estado de Guanajuato la encargada de administrar y operar este registro.
Durante la discusión, la diputada Susana Bermúdez Cano señaló que la medida es necesaria para impactar de manera directa en la protección de las víctimas y sus familias, al considerar que la violencia sexual, particularmente contra menores, representa una de las formas más graves de daño social.
La legisladora argumentó que el registro cumple con criterios de proporcionalidad y constitucionalidad, al equilibrar los derechos de las personas sentenciadas —como la privacidad y la reinserción social— frente al derecho de las víctimas a la seguridad y la justicia.
En contraste, la diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia votó en contra al advertir posibles riesgos de inconstitucionalidad. Señaló que un registro público con una temporalidad que excede la pena podría interpretarse como una sanción adicional, vulnerando derechos fundamentales como la privacidad y la reinserción social.
Por su parte, el legislador Sergio Alejandro Contreras Guerrero respaldó la propuesta al afirmar que este tipo de mecanismos ya existen en otros ámbitos, como los registros de servidores públicos sancionados o de deudores alimentarios, y que su finalidad es prevenir la reincidencia y proteger a la sociedad.
En la misma línea, el diputado Rolando Fortino Alcántar Rojas destacó que el registro es un instrumento preventivo y disuasivo, alineado con el interés superior de la niñez y el derecho de las víctimas a la verdad y la justicia.
El debate también incluyó la postura de la diputada Karol Jared González Márquez, quien defendió el carácter público del registro al considerarlo una herramienta necesaria para evitar riesgos en espacios como escuelas y comunidades.
En tanto, el legislador Carlos Abraham Ramos Sotomayor propuso una reserva para eliminar la publicidad generalizada del padrón y limitar su acceso únicamente a autoridades, con el fin de evitar posibles impugnaciones ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, la propuesta fue rechazada.
Finalmente, el diputado Antonio Chaurand Sorzano coincidió en la necesidad del registro, aunque expresó reservas sobre su carácter público, al considerar que podría vulnerar criterios ya establecidos por el máximo tribunal del país.
Con esta reforma, Guanajuato busca consolidar un sistema de prevención más robusto frente a la violencia sexual, apostando por mecanismos legales que permitan identificar a personas sentenciadas y reducir el riesgo de reincidencia, en medio de un debate sobre los límites entre seguridad, derechos humanos y constitucionalidad.
