Las aduanas se han convertido en el verdadero pulmón financiero del país. Solo de enero a julio aportaron 836 mil 808 millones de pesos al erario, equivalentes al 25.6 por ciento de todos los ingresos tributarios de México. Ningún otro sector concentra tanto peso en la recaudación federal.

De esa suma, 583 mil 792 millones provinieron del IVA; 64 por ciento del total nacional, 133 mil 133 millones del ISR, 95 mil 991 millones de aranceles y 23 mil 892 millones de otros gravámenes. El dinamismo también es evidente: la recaudación aduanera creció 17por ciento en términos reales, muy por encima del 7.2 por ciento de los ingresos tributarios generales.

Sin embargo, detrás de estos números se esconde una paradoja. Aunque el comercio exterior mexicano equivale al 73 por ciento del PIB, la recaudación no refleja proporcionalmente ese volumen. La subvaluación de mercancías, la introducción ilegal de productos y el uso indebido del esquema de importación temporal continúan abriendo resquicios millonarios de evasión.

Ante este escenario, el gobierno federal prepara una reforma de gran calado a la Ley Aduanera. El proyecto será detallado el próximo 8 de septiembre, con la entrega del Paquete Económico 2026. La consejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy, anticipó que la propuesta “habrá de producir escozor”, al modificar incentivos, facultades y responsabilidades en un sector donde confluyen fuertes intereses privados y públicos.

Los ejes centrales buscan fortalecer a la Agencia Nacional de Aduanas de México y al SAT, con herramientas tecnológicas que permitan un control más estricto y digitalizado de las operaciones.

También se plantea dar mayor corresponsabilidad a los agentes aduanales, que pasarían de ser intermediarios a garantes del cumplimiento legal, respondiendo solidariamente en caso de irregularidades.

El objetivo es aumentar la recaudación sin crear nuevos impuestos, cerrando espacios de evasión y equilibrando la competencia entre empresas formales e informales. No obstante, el riesgo de un exceso de burocracia también preocupa, ya que podría encarecer costos logísticos y afectar a pequeñas agencias o sectores exportadores.

La discusión legislativa será clave. Reformar el sistema aduanero significa tocar intereses económicos y políticos, pero también ofrece la oportunidad de modernizar la recaudación y fortalecer las finanzas públicas.

El reto del gobierno será lograr un equilibrio entre firmeza fiscal y eficiencia operativa. De conseguirlo, México podría consolidar en las aduanas el motor que le permita recaudar más sin recurrir a nuevos impuestos.