Ciudad de México. En una sesión marcada por presión social y críticas de diversos sectores productivos, el Congreso de la Unión aprobó la nueva Ley General de Aguas, iniciativa impulsada por el gobierno federal para sustituir la normativa vigente desde 1992 y regular el manejo, uso y concesiones del agua en el país.

La reforma fue aprobada primero en la Cámara de Diputados el 4 de diciembre, con 324 votos a favor, 118 en contra y 2 abstenciones; y posteriormente en el Senado mediante un proceso acelerado que ha sido calificado como “vía exprés” por organizaciones opositoras y legisladores.

🔎 ¿Qué cambia con la nueva Ley de Aguas?

La normativa establece el derecho humano al agua como prioridad, por encima de cualquier uso productivo o industrial. Entre los cambios más relevantes se encuentran:

  • Uso doméstico como prioridad nacional.
  • La prohibición de transferir concesiones entre particulares; estas volverán al Estado para su reasignación.
  • Nuevas sanciones que pueden llegar hasta ocho años de prisión por delitos vinculados al mal uso del agua.
  • Procesos de regulación para pozos, concesiones y reservas estratégicas administradas por la CONAGUA.

🚜 Campesinos y productores, los más inconformes

El sector agrícola es el principal opositor de esta reforma, pues considera que la prohibición para transferir concesiones de agua afectará el valor de las tierras de cultivo, complicará la herencia y limitará la productividad.

Organizaciones campesinas advierten que la medida beneficiará a grandes empresas y afectará a pequeños productores, motivo por el cual mantienen bloqueos, movilizaciones y advertencias de protestas masivas si el gobierno no realiza cambios al marco legal.

📌 ¿Qué sigue?

Aunque la ley ya fue aprobada por ambas cámaras, el Gobierno federal informó que se abrirán mesas de trabajo, especialmente con el sector agrícola, para revisar dudas y posibles ajustes antes de publicarla en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Impacto para el Bajío

Estados como Guanajuato, Querétaro y Michoacán, donde el agua es un recurso crítico para la agroindustria, podrían ser los más afectados por la restricción de concesiones y la nueva configuración legal del recurso hídrico.