Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó una iniciativa para crear una Ley General de Feminicidio, con el objetivo de homologar la tipificación de este delito en todo el país y fortalecer su investigación con perspectiva de género.
La propuesta busca eliminar las diferencias legales entre entidades, garantizando que todos los casos sean investigados bajo los mismos criterios y evitando la reclasificación de feminicidios como homicidios u otros delitos.
Investigación obligatoria con perspectiva de género
Uno de los ejes principales de la iniciativa es que toda muerte violenta de una mujer sea investigada como feminicidio desde el inicio, incorporando elementos que permitan identificar razones de género.
Entre estos criterios se contemplan antecedentes de violencia, lesiones degradantes, violencia sexual, relaciones de poder o la exposición del cuerpo de la víctima, entre otros factores.
Sanciones más severas y sin impunidad
La iniciativa plantea sanciones que van de 40 a 70 años de prisión, además de multas económicas y la pérdida de derechos civiles como la patria potestad o el acceso a cargos públicos.
Asimismo, se propone que el delito sea imprescriptible y perseguido de oficio, lo que permitirá a las autoridades actuar sin necesidad de denuncia previa.
También se consideran agravantes en casos donde las víctimas sean menores de edad, mujeres embarazadas, personas con discapacidad o defensoras de derechos humanos.
Cambios estructurales en el sistema de justicia
La propuesta incluye la implementación de protocolos obligatorios para fiscalías, coordinación entre autoridades y mecanismos de reparación del daño para las víctimas indirectas.
Con esta reforma, el gobierno federal busca fortalecer el combate a la violencia de género y reducir los niveles de impunidad en el país.
Hacia una justicia más efectiva
La iniciativa de la presidenta Sheinbaum representa un paso hacia la construcción de un sistema más sólido en la atención de feminicidios, priorizando la protección de las mujeres y el acceso a la justicia.
De ser aprobada, esta ley marcaría un cambio significativo en la forma en que México previene, investiga y sanciona la violencia feminicida.
