Ciudad de México. El Gobierno de México anunció una iniciativa de reforma constitucional para limitar las llamadas “pensiones doradas” que reciben exfuncionarios de alto nivel y mandos de confianza en el sector público federal.
La propuesta será enviada al Senado por la presidenta Claudia Sheinbaum y contempla modificaciones al artículo 127 constitucional, con el objetivo de establecer un tope a las pensiones más elevadas financiadas con recursos públicos.
¿En qué consiste la reforma contra las pensiones doradas?
De acuerdo con el anuncio oficial, la iniciativa plantea que ninguna pensión podrá superar el 50% del ingreso mensual de la persona titular del Poder Ejecutivo Federal. Con base en el salario actual presidencial, el límite rondaría los 70 mil pesos mensuales.
La medida aplicaría para futuras pensiones de altos mandos y personal de confianza, y no tendría efectos retroactivos sobre quienes ya cuentan con derechos adquiridos. Tampoco afectaría a trabajadores amparados por contratos colectivos o esquemas laborales protegidos por ley.
¿Por qué se busca limitar estas pensiones?
El Ejecutivo federal argumenta que existen casos en organismos y empresas productivas del Estado donde exfuncionarios perciben pensiones que superan los 300 mil pesos mensuales, lo que representa una carga importante para el erario.
Con esta reforma, el gobierno estima generar un ahorro anual significativo, recursos que podrían destinarse a programas sociales y políticas de bienestar.
Impacto político y fiscal
La iniciativa abre un nuevo debate sobre la austeridad en el servicio público y el uso de recursos federales. De ser aprobada por el Congreso, marcaría un precedente en la regulación de beneficios postal laborales en el sector público.
El tema de las pensiones de altos funcionarios ha sido recurrente en la agenda política nacional en los últimos años, especialmente bajo el principio de que ningún servidor público debe ganar más que el presidente de la República.
