Ciudad de México. La existencia y reapertura de un salón de belleza dentro del Senado de la República generó polémica y debate público, luego de que se difundieran imágenes y videos del espacio acondicionado con mobiliario y equipo para servicios de maquillaje y peinado en el interior del recinto legislativo.

El salón se encontraba ubicado en uno de los niveles del edificio del Senado y era utilizado principalmente durante los días de sesión. Tras la difusión del caso en redes sociales y medios de comunicación, el área fue clausurada, sin que hasta el momento se haya informado de manera oficial quién autorizó su habilitación.

Postura de la Mesa Directiva del Senado

La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, defendió públicamente la existencia del espacio antes de su clausura, al señalar que se trataba de un servicio de apoyo para legisladoras y legisladores que viajan desde distintas entidades del país.

De acuerdo con la senadora, los servicios prestados en el salón no eran financiados con recursos públicos, ya que cada usuario cubría el costo de manera individual. Asimismo, aseguró que este tipo de espacios no son exclusivos del Senado, pues también existen en otros recintos legislativos.

Reacciones y deslindes

La controversia provocó diversas reacciones entre actores políticos y la opinión pública. Algunas senadoras, como Andrea Chávez Treviño, se deslindaron del uso o promoción del salón, negando cualquier relación con su operación y solicitando aclaraciones sobre la información difundida.

El tema también reavivó el debate sobre el uso de instalaciones y recursos dentro del Poder Legislativo, así como la necesidad de mayor transparencia en la administración de los espacios del Senado.

Gastos y cuestionamientos

A la discusión se sumaron señalamientos sobre compras de productos de belleza y cuidado personal realizadas en años recientes por la Cámara de Senadores, lo que incrementó el escrutinio ciudadano sobre el destino del gasto institucional y el uso de recursos públicos.

Un debate abierto

La clausura del salón no ha cerrado la discusión. El caso ha puesto sobre la mesa la exigencia de mayor rendición de cuentas, así como la revisión de los criterios para la operación de servicios no legislativos dentro de los espacios públicos federales.