Estados Unidos solicita detención provisional del gobernador de Sinaloa; Rocha pide licencia al cargo
La relación entre México y Estados Unidos atraviesa uno de sus momentos más tensos en materia de seguridad y política, luego de que autoridades estadounidenses formalizaran una solicitud de detención provisional con fines de extradición contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por presuntos vínculos con el narcotráfico.
De acuerdo con información difundida por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la investigación apunta a una presunta red de colaboración entre funcionarios sinaloenses y el Cártel de Sinaloa, organización señalada por el tráfico de fentanilo y otras drogas hacia territorio estadounidense.
La petición enviada al gobierno mexicano aún no representa una extradición definitiva; sin embargo, el caso ya provocó reacciones políticas en ambos países y colocó nuevamente a Sinaloa en el centro del debate internacional sobre seguridad.
Rocha Moya solicita licencia
En medio de la polémica y del avance de las investigaciones, Rubén Rocha Moya solicitó licencia temporal al cargo como gobernador de Sinaloa, argumentando que busca facilitar el desarrollo de las indagatorias y atender el proceso legal correspondiente.
El mandatario estatal negó las acusaciones y aseguró que no existen pruebas en su contra.
“Estamos tranquilos… no va a pasar nada”, declaró Rocha Moya tras darse a conocer la solicitud estadounidense.
La licencia ha generado un fuerte impacto político en Sinaloa, donde diversos sectores consideran que el caso podría convertirse en un precedente histórico en la relación bilateral entre México y Estados Unidos.
¿Qué acusa Estados Unidos?
Las autoridades estadounidenses sostienen que Rocha Moya presuntamente habría recibido apoyo político y financiero del crimen organizado, además de brindar protección institucional a integrantes del Cártel de Sinaloa.
La DEA y fiscales federales de Nueva York también señalan posibles vínculos con operaciones relacionadas con:
- tráfico de fentanilo;
- conspiración para distribución de narcóticos;
- protección a estructuras criminales;
- operaciones de lavado de dinero.
El gobierno de Estados Unidos ha endurecido su postura contra funcionarios mexicanos presuntamente ligados al narcotráfico, especialmente bajo la nueva estrategia impulsada por Donald Trump contra los cárteles.
Gobierno de México pide pruebas
La presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó la solicitud presentada por Estados Unidos y afirmó que hasta el momento no se han entregado pruebas suficientes para justificar una detención inmediata.
La Secretaría de Relaciones Exteriores y la Fiscalía General de la República analizarán el expediente enviado por Washington antes de determinar si procede alguna acción judicial en territorio mexicano.
La FGR aclaró que actualmente solo existe una solicitud de detención provisional y no una orden de extradición definitiva, por lo que el proceso todavía podría extenderse durante varios meses.
Oposición exige investigación
Mientras Morena respaldó el llamado a esperar pruebas formales, partidos de oposición exigieron una investigación profunda sobre posibles nexos entre autoridades de Sinaloa y el crimen organizado.
Analistas consideran que el caso Rocha Moya podría escalar hasta convertirse en una de las mayores crisis diplomáticas recientes entre México y Estados Unidos en temas de seguridad y combate al narcotráfico.
