Washington / Ciudad de México.— El gobierno de Estados Unidos presentó una solicitud de detención con fines de extradición contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como contra otras nueve personas, a quienes acusa de presuntos vínculos con organizaciones del narcotráfico que operan entre México y territorio estadounidense.
De acuerdo con información difundida por autoridades y medios internacionales, las acusaciones fueron formalizadas ante una corte federal en Estados Unidos, donde se señala que los imputados habrían participado en una conspiración para facilitar el tráfico de drogas, entre ellas fentanilo, cocaína y metanfetamina, hacia ese país, además de presuntos delitos relacionados con armas y protección a grupos criminales.
Además del gobernador de Morena 9 personas más fueron señaladas en la solicitud de extradición:
• Enrique Inzunza Cázarez
• Enrique Díaz Vega
• Dámaso Castro Zaavedra
• Marco Antonio Almanza Avilés
• Alberto Jorge Contreras Núñez
• Gerardo Mérida Sánchez
• José Antonio Dionisio Hipólito
• Juan de Dios Gámez Mendívil
• Juan Valenzuela Millán
Solicitud de extradición y respuesta del gobierno mexicano
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó que recibió la solicitud de detención con fines de extradición y la turnó a la Fiscalía General de la República (FGR) para su análisis, conforme a lo establecido en la legislación mexicana y en el Tratado de Extradición entre ambos países.
El gobierno de México ha señalado que, hasta el momento, Estados Unidos no ha entregado públicamente las pruebas completas que sustenten las acusaciones, por lo que cualquier acción legal deberá evaluarse bajo los principios de legalidad, debido proceso y soberanía nacional.
Postura de Rubén Rocha Moya
Por su parte, Rubén Rocha Moya rechazó los señalamientos y aseguró que no existe fundamento legal en su contra. El mandatario estatal afirmó que las acusaciones tienen un trasfondo político y sostuvo que demostrará su inocencia a través de los canales legales correspondientes.
Contexto e impacto político
La solicitud de extradición contra un gobernador en funciones representa un hecho inédito y de alto impacto político y diplomático en la relación bilateral entre México y Estados Unidos. El caso ha generado reacciones en el ámbito político nacional, particularmente dentro del partido Morena, cuyos integrantes han pedido conocer las pruebas antes de emitir cualquier juicio.
Especialistas advierten que el desarrollo del proceso dependerá del intercambio de información jurídica entre ambos países y de la determinación que adopten las autoridades mexicanas tras el análisis del expediente
