Guanajuato, Gto. – La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso de Guanajuato analizó una iniciativa de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que busca fortalecer la investigación y persecución de delitos relacionados con la delincuencia organizada, mediante una mayor coordinación entre autoridades federales y estatales.
Durante la mesa de trabajo, el fiscal general del Estado, Gerardo Vázquez Alatriste, consideró viable la propuesta y señaló que permitir que las fiscalías estatales participen en este tipo de investigaciones podría ampliar la capacidad de respuesta institucional. Explicó que las instancias federales enfrentan una demanda que rebasa sus capacidades operativas, por lo que sumar esfuerzos permitiría atender de mejor manera el fenómeno criminal.
Vázquez Alatriste planteó que, cuando una Fiscalía estatal inicie una carpeta por delincuencia organizada o delitos conexos, deberá informar a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, instancia que conservaría la posibilidad de atraer los casos. “Resulta de facto y jurídicamente posible construir casos de esta envergadura”, afirmó el fiscal, al destacar la relación directa que tienen las autoridades locales con las actividades de grupos criminales que operan en Guanajuato.
Por su parte, representantes de la Consejería Jurídica señalaron que la iniciativa pretende establecer un esquema de competencias concurrentes entre la Federación y los estados, sin eliminar las facultades federales. El objetivo sería avanzar hacia un modelo de federalismo cooperativo que permita a las autoridades locales investigar y perseguir delitos de delincuencia organizada cometidos dentro de su territorio, mientras la Federación mantiene su facultad de atracción en asuntos de impacto nacional o transnacional.
La propuesta también contempla enfrentar las cargas de trabajo de la Fiscalía General de la República y fortalecer las capacidades estatales, aunque se advirtió sobre retos como la creación de juzgados y unidades especializadas, mayores presupuestos y mecanismos de protección para jueces, fiscales y testigos.
Durante el análisis, el diputado David Martínez Mendizábal expresó reservas y advirtió que las fiscalías locales podrían no contar con la especialización ni la capacidad suficiente para asumir nuevas responsabilidades. En contraste, la diputada Susana Bermúdez Cano destacó la urgencia de generar estrategias de coordinación para pacificar el territorio, mientras que el legislador Juan Carlos Romero Hicks llamó a fortalecer la cooperación entre los distintos órdenes de gobierno y la participación ciudadana.
La iniciativa contempla modificaciones a cuatro artículos de la Constitución, con la intención de construir un modelo de colaboración en materia de seguridad y justicia. Los legisladores coincidieron en la necesidad de revisar a fondo sus alcances, ante la complejidad que representa combatir a las estructuras de delincuencia organizada y la necesidad de mejorar la capacidad de respuesta institucional.
