Blanca Yassahara Cruz García asumió la presidencia provisional del Instituto Nacional Electoral (INE) en medio de cuestionamientos por un contrato de 129 millones 700 mil 584 pesos otorgado en 2024 a Comercializadora JVLY, durante su gestión al frente del Instituto Electoral del Estado de Puebla. La designación se produjo tras la renuncia de Guadalupe Taddei Zavala y en un contexto de exigencias de transparencia en las contrataciones electorales.
Cruz García cuenta con experiencia en la organización de procesos electorales y fue nombrada presidenta del organismo electoral poblano en 2022. En abril de 2026 se integró al Consejo General del INE y el 27 de octubre fue designada por unanimidad como presidenta provisional, responsabilidad que mantendrá hasta que la Cámara de Diputados designe a quien concluirá el periodo correspondiente.
Entre sus primeros compromisos al frente del instituto nacional, planteó fortalecer las decisiones colegiadas, revisar las licitaciones y nombramientos de la administración anterior y colaborar con las autoridades fiscalizadoras. Al asumir el cargo, afirmó que “el INE no fue concebido para depender de una sola voluntad”, en referencia a la importancia del diálogo y la responsabilidad compartida dentro del Consejo General.
El contrato que ahora genera cuestionamientos fue firmado en marzo de 2024 por el Instituto Electoral del Estado de Puebla con Comercializadora JVLY, empresa que recibió 129.7 millones de pesos por el suministro de urnas, mamparas, cajas, sobres y otros materiales para las elecciones locales. El acuerdo estuvo vigente del 3 de marzo al 15 de abril de ese año, durante la preparación de los comicios en los que se renovaron distintos cargos públicos en la entidad.
La empresa también aparece en revisiones relacionadas con contratos del INE. De acuerdo con reportes periodísticos, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) formuló observaciones sobre documentación y requisitos del proveedor, mientras que en Puebla permanecen cuestionamientos sobre el expediente de contratación. Las observaciones de auditoría no equivalen por sí mismas a una resolución definitiva ni acreditan una responsabilidad personal de Cruz García.
Ante los señalamientos, la nueva presidenta provisional defendió su disposición a que se revise su actuación y declaró: “De mi parte no tengo nada que ocultar”. Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió que se investiguen los contratos de Comercializadora JVLY tanto con el organismo electoral poblano como con el INE, con el objetivo de esclarecer las operaciones y determinar si existieron irregularidades.
